martes, 15 de mayo de 2012

El embarazo en adolescentes, un drama que va en aumento en América Latina

Redacción Internacional, 10 may (EFE).- La alta incidencia de embarazos en adolescentes en Latinoamérica, solo superada por África, no solo persiste sino que va en aumento, lo que supone un freno para el desarrollo de la región. 

Entre 25 y 108 de cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años son madres en los países de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ponen de relieve la alarmante situación de la maternidad adolescente.
La mayor proporción de embarazos adolescentes de la región se registra en varios países de Centroamérica como Nicaragua, Honduras y Guatemala, así como en Venezuela, República Dominicana y Ecuador.

Mientras los índices de maternidad tienden a disminuir en todos los grupos de edad de los países de la región, continúan en aumento en el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años.

Las adolescentes prácticamente han duplicado su aporte a la fecundidad total, pasando a representar un 14,3 % en 2000-2005, según la CEPAL.
Este incremento se da en países con distinto nivel de desarrollo económico, nivel educativo e incidencia de la pobreza, lo que revela la complejidad del fenómeno.
El embarazo adolescente también pone de relieve la violencia sexual contra las mujeres.

Una de las regiones más afectadas por este problema es Centroamérica, donde Nicaragua encabeza la lista, ya que el 27 por ciento de las nicaragüenses que tienen entre 15 y 19 años son madres.
De la población de mujeres embarazadas en Honduras, el 30 por ciento son menores de 18 años, según registros de la Secretaría de Salud.
Según un reciente estudio de la Fiscalía de la Niñez hondureña, el 50 por ciento de los embarazos en menores tienen su origen en violaciones. En muchos casos, los violadores de las menores de edad son sus familiares.

En El Salvador la mayoría de embarazos en adolescentes también están relacionados con la violencia sexual, dijo recientemente el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en este país centroamericano, Roberto Valent.
En 2010, del total de mujeres salvadoreñas víctimas de violencia sexual, un 84 por ciento fueron niñas y adolescentes menores de 20 años y un 16 por ciento menores de 10 años, según datos de la ONU.

En El Salvador también se ha observado una relación entre el suicidio y el embarazo adolescente, ya que entre todas las mujeres que mueren entre 10 y 19 años de edad la principal causa de muerte, según los datos del Ministerio de Salud, es el suicidio.

Los casos de embarazos de adolescentes se han incrementado de forma alarmante en Guatemala en los últimos años.
Según la Encuesta Nacional Materno Infantil 2008-2009, existen en el país 114 madres de 10 a 20 años, por cada mil habitantes.
En Costa Rica el embarazo precoz sigue siendo un problema, mientras que en Panamá la cantidad de menores embarazadas ha disminuido en los dos últimos años.

Venezuela está a la cabeza de embarazos juveniles en Suramérica.
El Gobierno venezolano lanzó en diciembre pasado campañas publicitarias e inició talleres de educación sexual en las escuelas, mientras que el presidente Hugo Chávez calificó de "alarmantes" las cifras de embarazos precoces y reveló que de los 591.303 partos de 2010, 130.888 fueron de menores de 19 años y 7.778 de madres menores de 15 años.
Tras Venezuela, una de las tasas más altas de América Latina se registra en Ecuador, donde más del 17 % de las jóvenes de entre 15 y 19 años son madres.
El Gobierno ecuatoriano se ha planteado como meta reducir para 2013 en un 25 % los embarazos entre adolescentes para lo que invertirá 29 millones de dólares este año y 28 millones en 2013 en una campaña que tiene como eslogan "Habla Serio. Sexualidad sin misterios".
En República Dominicana, donde el 20 % de los embarazos que se registran corresponden a menores de edad, el gobierno también ha puesto en marcha recientemente el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, cuya ejecución está prevista hasta 2016.
Otro aspecto a destacar es el de alta mortalidad materna entre las adolescentes. Los embarazos en adolescentes representan la tercera causa de muerte en la nación caribeña.

En Colombia, donde cada día 19 niñas menores de 15 años alumbran un niño y 90 de cada mil adolescentes resultan embarazadas cada año, lo que más preocupa también es la alta mortalidad de mujeres gestantes pese a que el 97 % de los partos son atendidos en hospitales.

El 15,6 por ciento de los nacidos vivos en Argentina son de madres adolescentes, pero la cifra aumenta en las provincias más pobres del país, como la norteña Chaco, donde asciende al 25,7 por ciento, según datos oficiales. En el otro extremo se encuentra la ciudad de Buenos Aires, donde el 6,8 por ciento de los niños son de madres menores de 20 años.

En Uruguay, el porcentaje de embarazos adolescentes es similar al del resto de Sudamérica. Entre 2000-2005 fue de 64 cada 1.000 mujeres.
Las mujeres paraguayas comienzan su etapa reproductiva a edad temprana: el 10,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años y el 45,5 por ciento de las jóvenes de 20 a 24 años han tenido al menos un embarazo. Paraguay registra una tasa alta de fecundidad adolescente, con 63 nacimientos por cada 1.000 mujeres, según datos de 2008.

En Bolivia también preocupa el aumento de embarazos en adolescentes de entre 12 a 18 años, que subió de 18 % en 2008 a 25 % en 2011, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Mientras en Perú, un 13,5 % de adolescentes entre 15 y 19 años están embarazadas o ya son madres (unas 4.279), según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2011, una cifra que se ha mantenido casi sin variación durante los últimos 10 años.
Una de las tasas de fecundidad general más bajas de América Latina y el Caribe la tiene Cuba, aunque ese indicador general se supera en grupos específicos como las mujeres de entre 15 y 24 años de edad.

Copyright (c) Agencia EFE, S.A. 2011, todos los derechos reservados
FUENTE: http://noticias.latam.msn.com/xl/latinoamerica/el-embarazo-en-adolescentes-un-drama-que-va-en-aumento-en-am%C3%A9rica-latina-41




lunes, 14 de mayo de 2012

LUCÍA, UNA PENSIÓN PARA MIS HIJOS

En cuanto logré la separación, los chicos y yo nos fuimos a otro lugar. La pesadilla siguió en forma de pleitos por las pensiones alimenticias. 
 

LUCÍA, UNA PENSIÓN PARA MIS HIJOS
Radialistas.net

viernes, 4 de mayo de 2012

CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA: LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS.

La custodia compartida impuesta por vía judicial, sin acuerdo de los progenitores, ignora de forma deliberada los problemas a los que se enfrentan las y los hijos cuando sus padres se separan de forma conflictiva. Y esto no es una interpretación: es un hecho contrastado.
¿Qué factores han provocado que el principio del interés superior del niño y niña se haya visto relegado en los divorcios contenciosos?

En primer lugar, habría que hablar del afán igualitario que lleva a imponer una situación de falsa igualdad aun partiendo de una situación de desigualdad previa manifiesta y demostrada, sin que haya habido un reparto equitativo en el cumplimiento de las obligaciones concernientes a la educación y el cuidado de los hijos e hijas con anterioridad a la separación. Lo que es más grave: en algunos juzgados, la omisión de pruebas que demuestran la falta de corresponsabilidad previa, como por ejemplo los incumplimientos reiterados de los regímenes de visitas o los impagos voluntarios de pensiones de alimentos, se ha convertido en un hábito. Los antecedentes no importan: sólo importa la igualdad de derechos de los progenitores desde el momento de la separación. Las consecuencias, las conocemos: hijos e hijas mal atendidos, hijas e hijos en manos de terceros, hijas e hijos solos.......

Como consecuencia directa del anterior factor, obtenemos el siguiente: la priorización de los intereses de los adultos por encima del interés superior del hijo e hija. Especial relevancia están teniendo los intereses económicos que giran en torno a este tema; cuántas custodias compartidas se están solicitando para evitar el pago de pensiones de alimentos o para forzar el reparto del que fuera el domicilio familiar. Tristemente, este afán económico se enmascara con el deseo repentino de cuidar a los hijos/as aun cuando, en muchos casos, no existe tal deseo ni ha existido nunca. 

Tampoco podemos olvidar el colapso de los juzgados, en gran parte debido a la avalancha de solicitudes de modificación de medidas, que lleva a juicios demasiado breves, en los que no se estudian debidamente los casos, en los que se obvian las pruebas y las circunstancias que rodean el caso, con pruebas psicosociales muy superficiales y realizadas por personal sin la preparación suficiente. Por no hablar de la coacción a la que están sometiendo a muchas madres en las sesiones de mediación, en las pruebas psicosociales y en ocasiones hasta en el propio juicio para que pacten una custodia compartida aun sabiendo que va a ser perjudicial para sus hijos e hijas. ¿Quiénes están pagando principalmente la falta de medios, imparcialidad y preparación de los juzgados? Como no podía ser de otra forma, la parte más débil: las hijas e hijos. Las consecuencias están siendo nefastas. 

Otro factor importante a tener en cuenta es la falta de formación de los equipos psicosociales y del personal del propio juzgado. Es fundamental que cuenten con formación en psicología evolutiva, ya que las necesidades físicas, emocionales y relacionales de los hijos e hijas, varían enormemente en función de la etapa de desarrollo en que se encuentren. Pero tristemente, los informes de los equipos psicosociales y las sentencias por las que se impone la custodia compartida, denotan una ignorancia brutal acerca de las necesidades de los menores en sus distintas etapas evolutivas. Cambios diarios, semanales, mensuales: criterios arbitrarios que atentan contra los principios más básicos de psicología infantil y que están causando daños graves en la estabilidad emocional de las hijas e hijos. En muchos casos, se están rompiendo los vínculos de apego de forma tan desgarradora y colocando a los hijos e hijas en una situación de tal inestabilidad, que los daños psicológicos serán irreparables y persistirán en la vida adulta.
Pero en algunos casos, el factor causante es mucho más primario y sobradamente conocido a lo largo de la historia: los reductos de machismo que persisten en algunos juzgados, con personajes tan retrógrados como el juez Serrano, dando apoyo a las asociaciones neomachistas de padres separados. Su discurso falaz y victimista, protegido y fomentado por estos personajes de la judicatura, defensores del patriarcado más rancio, lo conocemos de sobra: todas las madres en proceso de separación buscan única y exclusivamente el máximo beneficio económico; todas las madres recurren a la denuncia falsa de un proceso de maltrato, todas las mujeres son malas, feminazis, aprovechadas, subvencionadas, vividoras, vagas y un largo etcétera....y ellos son las víctimas. Entre tanta misoginia, ¿dónde queda el interés del menor? No sabemos.

Que los hijos e hijas necesitan contar en sus vidas con la presencia de su padre y de su madre, cada uno de ellos/as con una función psicobiológica concreta y diferenciada, está claro. Pero los inconvenientes de la imposición de la custodia compartida también son muy claros: obliga a partir (que no compartir) a un hijo o hija entre dos progenitores que no han sido capaces de entenderse ni antes ni después de la separación. ¿Las consecuencias? Muy claras también: cambios constantes de entorno para los hijos e hijas, con la consiguiente sensación de desubicación e inseguridad, criterios educacionales contradictorios, que provocan ansiedad y agresividad, ruptura repentina de los vínculos de apego provocando graves desequilibrios emocionales, problemas de las hijas e hijos para respetar las rutinas y las normas, incomunicación entre progenitores y entre la hija o hijo y el progenitor con el que no conviven en ese periodo...y un largo etcétera.

Ya es hora de que se empiece a visibilizar a los hijos e hijas y a priorizar sus necesidades y su protección, poniendo encima de la mesa las graves consecuencias negativas que la imposición de esta medida, por mucho que se quieran esconder, tiene para ellos y ellas.

Fdo. Marcos López Garrido
Miembro de la Asociación Custodia en Positivo